Santiago, 6 de noviembre de 2013. La edición de hoy del Diario Oficial de Galicia publica un incremento de 155.061,33 euros en la dotación presupuestaria firmada para la concesión de ayudas económicas de carácter periódico de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género.

Esta ampliación se suma a los 1,8 millones de euros ya consignados en abril pasado con el fin de garantizar a las mujeres víctimas de este tipo de violencia unas condiciones suficientes de independencia económica respecto de su agresor, que les posibilite dar el primer paso o consolidar la ruptura de una situación en la que corren peligro.

Dado el volumen de solicitudes presentadas y el agotamiento del crédito inicialmente previsto, la Xunta decidió ampliar la partida para atender a este colectivo. De este modo, y a pesar del contexto económico actual, el Gobierno gallego reafirma su compromiso con las víctimas de la violencia de género, a las que le ofrece los recursos necesarios para favorecer su salida del ciclo de la violencia.

La cuantía de las ayudas, que pueden percibirse por un período máximo de doce mensualidades, oscila entre los 300 y los 800 euros al mes, en función de los ingresos de la beneficiaria, de sus hijos o hijas menores a cargo o de circunstancias de discapacidad, entre otros factores evaluables.

Los requisitos para optar a estas ayudas son: ser mujer, mayor de edad o emancipada, víctima de violencia de género en una relación de convivencia, haber cesado esta convivencia con el agresor dentro de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, percibir unos ingresos mensuales iguales o inferiores a 1,5 veces el IPREM vigente, estar empadronada y residir en Galicia y, en el caso de las mujeres extranjeras, tener permiso de residencia.

Además, también se exige no haber percibido con anterioridad esta ayuda o la ayuda de pago único establecida en la Ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para mujeres que, debido a su edad, falta de preparación o circunstancias sociales, tengan dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participen en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional.