La Xunta convoca hoy un programa de ayudas novedoso destinado a las entidades sin ánimo de lucro para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, una iniciativa que forma parte del Pacto del Estado en materia de violencia de género y que se publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG) tras ser abordada en el seno del Diálogo Social.

 

La Consellería de Empleo e Igualdad invierte en esta nueva actuación, que se podrá solicitar desde mañana y hasta el próximo 6 de septiembre, un total de 600.000 euros. La medida está destinada a apoyar la independencia económica de las víctimas, ya que la Xunta considera que es clave para garantizar que las mujeres en situación de violencia de género consigan mayor estabilidad personal, social y laboral. Un empleo es la puerta que va a permitir la estas mujeres salir del círculo de la violencia y lograr esa independencia económica y personal necesaria para romper el vínculo con su agresor y lograr su plena recuperación.

 

La convocatoria que hoy recoge el DOG supone, por lo tanto, un paso más en el camino de la recuperación. Los beneficiarios de este programa recibirán la cuantía necesaria para sufragar las retribuciones salariales brutas de las mujeres incorporadas, hasta un máximo de 12 mensualidades. Las destinatarias finales de estos apoyos serán mujeres que sufren violencia de género y que consten como inscritas en el Servicio Público de Empleo de Galicia. Se trata de ayudarlas a conseguir una mayor autonomía a través de la promoción de su independencia y empoderamiento, reforzando al tiempo una posterior inserción laboral estable.

 

En este ámbito, la Xunta ya convocó y resolvió este año las ayudas destinadas a las entidades locales para la contratación también de mujeres víctimas de violencia de género. La Administración autonómica destinó la esta acción 1,4 millones de euros, lo que permitió la contratación de 62 mujeres en una treintena de ayuntamientos.

 

La actuación forma parte del Pacto de Estado en materia de violencia de género que la Comunidad desarrolla en Galicia para dar protección específica a los menores como parte de su reconocimiento como víctimas directas y otorgar autonomía económica a las mujeres víctimas.