La Secretaría Xeral da Igualdade es el departamento de la administración autonómica al que le corresponden, entre otras, competencias relativas a la gestión de las políticas autonómicas en materia de igualdad de género, lucha contra la discriminación por razón de sexo, igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género.

El artículo 29.3 de la ley 7/2004, del 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres recoge el deber de la Xunta de Galicia en la lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y niños que tengan como finalidad fundamental su explotación sexual en el territorio de nuestra comunidad autónoma, estableciendo que esa lucha deberá realizarse a través de una intervención integral que permita la prevención, detección, atención y, si es el caso, integración de las mujeres víctimas del tráfico de explotación sexual.

Por otra parte, el artículo 47.1 de la Ley 11/2007, del 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género establece que los centros y servicios que conforman los recursos de asistencia integral a las mujeres que sufren violencia de género tienen como finalidad básica acercarles ayuda y asistencia directa a las mujeres y a las personas de ellas dependientes, y apoyarlas en la búsqueda de soluciones de los conflictos que derivan de la violencia.

Desde la confirmación por España del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de ser humanos y en relación con la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas, perjudicadas o testigos en la trata de seres humanos, que puedan cooperar o colaborar con las autoridades competentes, se recoge el deber de prestarles una atención integral, reconociéndoseles un período de reflexión establecido en 30 días y durante el que tendrán garantizada la subsistencia, asistencia social y jurídica.

Fruto de sendos convenios de colaboración firmados en 2009 entre la Secretaría Xeral da Igualdade y dos entidades de iniciativa social, estas entidades, que ya contaban con dispositivos destinados a la atención integral a mujeres víctimas de explotación sexual y trata en el que se les presta acogida, ayuda y asistencia directa, integran en sus dispositivos una vivienda de seguridad, destinada a facilitarles a las mujeres que deciden abandonar la situación de explotación de un espacio de reflexión previo a la denuncia que resulte suficiente para que la víctima pueda restablecerse y escapar a la influencia de los traficantes y/o pueda decidir, con conocimiento de causa, su cooperación con las autoridades competentes.