Las mujeres afectadas en Galicia por situaciones de explotación sexual, en su condición de víctimas de violencia de género, ya pueden acceder a las ayudas mensuales de hasta 800 euros que la Xunta de Galicia les concede para que puedan avanzar en su independencia económica y recuperación.

El Diario Oficial de Galicia se hace eco hoy de la actualización de la convocatoria de estas ayudas, que llega tras haber regulado el Gobierno autonómico a finales del año pasado el reconocimiento de las víctimas de explotación sexual como víctimas de la violencia de género, y con la que se les da acceso, como tales, a los apoyos y a la asistencia integral necesaria.

A efectos legales, la Comunidad gallega considera víctimas de explotación sexual a las mujeres “que realizan el ejercicio de la prostitución, incluidos los actos pornográficos o la producción de material pornográfico, con obtención de lucro por parte de una tercera persona, bien física o jurídica, cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica o se le impongan condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas”.

La Xunta está destinando 5,6 millones de euros de fondos autonómicos -cifra ampliable en función de las necesidades- para hacer frente durante 2023 y 2024 a estos pagos periódicos con los que sigue apoyando la independencia económica de las víctimas.

Las ayudas periódicas constituyen una de las principales herramientas con las que el Gobierno gallego presta apoyo a las víctimas de la violencia de género. Galicia sigue siendo comunidad referente en este sentido por ser la única que ofrece estas aportaciones.

Las ayudas tienen el plazo abierto de manera permanente, con el que pueden solicitarse por las interesadas en cualquier momento del año.

La convocatoria se dirige a mujeres mayores de edad o emancipadas que sean víctimas de violencia de género en una relación de convivencia y de dependencia económica de su agresor. También para las afectadas por situaciones de trata con fines de explotación sexual y/o víctimas de explotación sexual -como se recoge en la publicación de hoy en el DOG- que dependan de la persona que ejerciera sobre las eres dominación y/o explotación, y para las damnificadas por la violencia vicaria.

Como requisito, la convivencia con el agresor tiene que haber finalizado en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Además de estar empadronadas y tener residencia efectiva en la Comunidad -o permiso de residencia, en el caso de las mujeres extranjeras- deberán acreditar, por otra parte, ingresos mensuales iguales o inferiores al doble del IPREM vigente y no haber percibido esta ayuda con anterioridad.

La aportación consiste en un pago mensual directo para la beneficiaria que se concederá por un máximo de 12 mensualidades. Esta cantidad puede oscilar entre los 200 euros y los 800, cuantía que varía en función de los ingresos de la perceptora, de las hijas o hijos menores (o menores en acogida) y de otras circunstancias como las condiciones de discapacidad.

Con esta modificación, el Gobierno gallego da un paso más en el reconocimiento de las mujeres sometidas la explotación sexual como víctimas de la violencia de género, con el objeto de garantizarles los apoyos y acompañamiento que necesitan para salir de esa situación.