Santiago de Compostela, 29 de junio de 2020.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvo esta mañana un encuentro con el alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera sobre el plan de inserción laboral para mujeres que sufren violencia de género, por el cual 38 entidades locales gallegas contratarán la la 68 mujeres, en el que también participa este ayuntamiento pontevedrés, que contratará a dos mujeres.

Alfonso Rueda explicó que este es un programa pionero que se puso en marcha el pasado año por primera vez en Galicia gracias al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Las ayudas tienen como finalidad principal apoyar a las mujeres víctimas de la violencia de género en su integración laboral que les permita una independencia económica con el objetivo fundamental de lograr su plena integración en la vida económica y social.

El titular de la Vicepresidencia indicó que “la independencia económica y la posibilidad de un trabajo estable contribuye la que las mujeres víctimas de la violencia de género puedan tener una mayor autonomía, y poder comenzar una nueva vida lejos de su agresor. Por todo esto quiero agradecer al ayuntamiento de Soutomaior que se implique, se involucre y sea partícipe en estas iniciativas”

La cuantía de la subvención es, por cada mujer contratada a tiempo completo, la equivalente a la necesaria para sufragar durante el período de contratación las retribuciones salariales brutas totales, incluida a parte proporcional de las pagas extraordinarias y las cuotas a la Seguridad Social a cargo de la entidad empleadora, en la misma cantidad que la fijada para el salario, según convenio colectivo o normativa laboral aplicable vigente en el momento de formular la solicitud y acorde con su categoría profesional.

Las contrataciones por las cuales se conceda la subvención deberán ser para la realización de obras o servicios de interés general y utilidad social, competencia de las entidades locales y deben ser ejecutados por las entidades locales en régimen de administración directa o por los organismos, entes o empresas públicas a las que se encomiende su ejecución. La duración de los contratos será como mínimo de 4 meses, aunque la mayor parte de las mujeres van a ser contratadas durante 12 meses.